Venezuela: Democracia y Derechos Humanos

Venezuela: Democracia y Derechos Humanos

Por: Jonathan Klindt Jesurun 1, Venezuela.

Venezuela es un país, en cuanto a cultura democrática, bastante pobre. Si bien el primer presidente civil, fue el Dr. José María Vargas en 1836, no fue sino hasta 1959 que realmente empezó la cultura de gobiernos democráticos civiles que duró tan solo 40 años. Este proceso de la Venezuela democrática comenzó con uno de los mayores logros de la democracia moderna, y es el Pacto de Punto Fijo, donde básicamente los partidos políticos que contribuyeron con la caída de la dictadura militar firmaron un acuerdo de respeto a la democracia y un programa mínimo de gobierno donde no importase el partido que resultara ganador, porque tomaría una serie de medidas, como la reforma a la Constitución.

En 1998, a raíz de a propia ruptura partidista e institucional del país, nuevamente un militar ascendió al poder, lleno de demagogia e ideales populistas que atentaban contra los principios más fuertes de la democracia y la libertad, colocando a Venezuela en la situación que hoy se encuentra.

Acceso a la justicia, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y torturas, son tan solo algunas de las consideraciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas cuando realizó su Informe de Derechos Humanos sobre Venezuela en junio del 2018. Por otro lado: deficiencia en el transporte público, servicios sanitarios, alimentación, escolaridad y atención a la tercera edad, son algunos de los elementos que Amnistía Internacional le pidió evaluar al Consejo de Derechos Humanos en marzo del presente año.

Ambos informes coinciden en un punto clave que influye directamente en el respeto de los derechos humanos: la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. En los cuales abordaremos este ensayos.

Paul Kirchhof, afirmó que “el parlamento es el centro de la democracia”. El órgano legislativo es el único Poder que cuenta con la participación representativa de todo el país. Ante esta premisa, es meritorio mencionar el contenido de las sentencias no. 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 29 de marzo de 2017.

 

El contenido de estas sentencias generó una ola masiva de protestas por más de 120 días, ya que, con dichas decisiones, el Tribunal Supremo asumió las competencias legislativas, dejando sin funcionamiento a la Asamblea Nacional, quien habría comenzado su periodo legislativo en enero del 2016, con una mayoría opositora al gobierno de turno.

El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, lo cual nos arroja un vinculo entre la democracia y los derechos humanos. Además, la ONU en el año 2000, señaló que un elemento fundamental de la democracia es el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (resolución 2000/47).

Siguiendo la premisa del Profesor Kirchhof, y entendiendo que la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido relevada de sus funciones tanto por el Tribunal Supremo y posteriormente por la Asamblea Nacional Constituyente, como Poder Legislativo paralelo inconstitucional e ilegitimo, en palabras del Profesor Jesús María Casal; entendemos entonces que se ha vulnerado uno de los pilares fundamentales de la democracia, como lo es el Parlamento.

Además, es necesario hacer mención de las malas prácticas electorales, violación a la Ley Orgánica de Procesos Electorales e inhabilitación de candidatos por vía ejecutiva y de manera inconstitucional, e incluso, inconvencional bajo los estándares de la Convención Americana.

El principio de pesos y contrapesos, aunado al principio de legalidad, al respeto de las garantías judiciales y de libertades fundamentales, fundamentan lo esencial del Estado de Derecho. Sin embargo, el principio de pesos y contrapesos en Venezuela se ha tergiversado, ya que no se trata de respeto entre los Poderes, igualdad de Poderes y control de Poderes; si no que se trata de cooperación entre Poderes, lo cual ha vulnerado por completo su separación y su independencia, a tal punto de que el Poder Judicial se ha permeado de dicha dependencia. A eso súmele, que en Venezuela existe un Poder Moral y un Poder Electoral; también permeados por esta “cooperación” que termina siendo una dependencia, toda, del Ejecutivo Nacional.

Hilando el punto de la democracia con el Estado de Derecho, entendemos la razón política del Ejecutivo Nacional de porque crear una Asamblea Nacional Constituyente que coopere con el Poder Ejecutivo y Judicial, y no que controle a los otros poderes.

Aun cuando el debate político de los derechos humanos en Venezuela ha girado en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, donde el carácter prestacionista del Estado es más notorio, tengo que hacer el detenimiento en estos puntos, relativos a la participación política, los derechos civiles, la democracia y la institucionalidad; ya que, este es el punto de partida a la violación masiva, constante y progresiva de los derechos humanos en Venezuela.

Si bien, el Informe prenombrado de Amnistía Internacional centra su estudio en la deficiencia en el transporte público, de los servicios sanitarios, el acceso restringido a la alimentación, a la escolaridad y a la atención a la tercera edad; es meritorio hacer la salvedad de que el punto de partida, histórico y político, es la ruptura de los principios democráticos, de la institucionalidad y de la no existencia del Estado de Derecho.

Venezuela, es un país que históricamente no tiene mucha cultura democrática, pero el comunismo y la violación diaria a los derechos humanos y las libertades fundamentales, han resurgido el compromiso democrático en la ciudadanía, lo que servirá, a que, en un futuro, a la reconstrucción del país también cuente con la participación ciudadana. No basta con ser un país rico, si no existe la concepción en cada uno de nosotros, del deseo de libertad y democracia, en todos los sentidos.

No descansaremos, los amantes por los respetos a los derechos humanos, hasta que las libertades fundamentales sean respetadas y valoradas por quienes ostentan el poder.